SITUACION DEL PARO 2016

NOTAS SOBRE EL PARO Y LA AFILIACIÓN EN JUNIO DE 2016

 

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Gabinete Confederal

4 de julio de 2016

Un año más se repite el patrón habitual de comportamiento del mercado laboral en España: con la primavera se inició el ciclo positivo estacional de la economía española y, en consecuencia, el desempleo se reduce hasta el final del verano, cuando el ciclo cambia y el paro vuelve a aumentar.

  • Es preocupante que en 2016 los datos en desempleo son similares a los de los tres años anteriores e incluso peores que los de 2013, lo que demuestra por un lado la fragilidad de la recuperación y, por otro, la enorme dependencia de la economía española de las actividades turísticas, estacionales y de temporada.
  • El deterioro de la calidad del empleo esta detrás de un dato que puede resultar sorprendente. Aunque el paro registrado cae en 124.394 personas, el número de las inscritas como demandantes de empleo en las oficinas del SEPE solo se redujo en 26.251. Esto es, el número de demandantes de empleo apenas varía y, por lo tanto, casi toda la bajada en el paro se debe a la calificación de estas personas. 
  • ¿Cómo se explica esta enorme diferencia? Según el SEPE, el número de personas con trabajo pero que buscan otro mejor aumentó en casi 80.000 y en casi 20.000 el de desempleados que están en cursos de formación u otras situaciones que limitan su disponibilidad para aceptar un empleo. Estos colectivos dejan de ser considerados parados registrados y eso es lo que explica una buena parte de la reducción de junio.
  • En todo caso, con los datos de junio en las oficinas del SEPE hay 5.108.424 personas demandando un empleo o un mejor empleo, de las cuales 839.388 se consideran ocupadas y 501.982 están en otras situaciones de no disponibilidad que las excluyen de la cifra final de paro registrado. 
  • Estos datos desmienten el discurso triunfalista del Gobierno en funciones: la realidad de las cifras demuestra que no hay un cambio estructural de la economía y del empleo y seguimos sufriendo los efectos coyunturales que caracterizan la estructura productiva del país.
  • Los datos de junio demuestran la enorme precariedad laboral de nuestro mercado de trabajo: solo el 4,5% de los contratos firmados es de carácter indefinido a tiempo completo, lo que significa que más de 95 de cada 100 contratos firmados son precario, bien por ser temporales bien por ser contratos por horas. 
  • La enorme duración de la crisis, el fracaso de las políticas de empleo, la reforma laboral y el recorte en las prestaciones por desempleo impuestas por el Gobierno están provocando un gravísimo deterioro en la protección a los desempleados: la tasa de cobertura esta en su mínimo histórico.
  • Un deterioro de la protección que afecta tanto a la cantidad como a la calidad: cada vez son menos las personas desempleadas que cobran prestaciones y cada mes que pasa la prestación es más baja,
  • El gasto en prestaciones por desempleo vuelve a bajar: un 9 % menos que en el mismo mes del año anterior, dando así continuidad a un proceso de deterioro de la protección social. En lo que llevamos de año, el gasto en prestaciones ha caído en 952 millones de euros lo que anticipa, salvo cambios del sistema, que la caída en el total del año 2016 será superior a los 2.500 millones de euros, una cifra que hay que sumar a la ya sufrida en los dos ejercicios anteriores.
  • En el año 2015, el gasto en prestaciones se redujo en 3.956 millones de euros en comparación con el año anterior. Como en 2014 ya había caído en 5.000 millones, el resultado acumulado es que en los dos últimos ejercicios el gasto en protección se ha desplomado en 9.000 millones de euros.
  • Un recorte que tiene su origen en un sistema que no estaba preparado para una crisis tan larga y tan dura y a los recortes impuestos por el Gobierno, que en lugar de adaptarlo a esta situación lo debilitó todavía más. Por eso, recuperar los niveles de protección a las personas desempleadas tiene que ser una de las prioridades del nuevo gobierno.
  • El aumento de la afiliación en los últimos doce meses se localiza, básicamente, en sectores de bajo valor añadido (comercio, hostelería, servicios auxiliares y ahora la construcción) que generan empleos inestables y donde se pagan salarios bajos. En consecuencia, no se observa un cambio en el modelo productivo liderado por la industria y los sectores de alto contenido tecnológico, lo que pone en duda la solidez a medio plazo de los incrementos de la afiliación a la Seguridad Social y la rebaja del paro.
  • España sigue encadenada a un modelo productivo basado en los servicios de bajo valor, con un peso muy bajo y decreciente de las actividades industriales, lo que nos condena a un empleo precario en lo contractual y de bajos salarios, con muchas fluctuaciones estacionales e insuficiente para dar una oportunidad de empleo a la gente. Lo más preocupante es que el Gobierno en funciones se encuentra a gusto con este modelo y apuesta por él para salir de la crisis, llevándonos a cometer los mismos errores que en el pasado.
  • El empleo que se crea es precario: temporal y a tiempo parcial. Esto, sumado a la devaluación salarial fomentada por la reforma laboral, hace que encontrar un trabajo sea cada vez menos una garantía para poder llevar una vida independiente o salir de la pobreza, y está también detrás del importante aumento de los índices de exclusión social.
  • En España hay 1.831.048 personas paradas que están excluidas del sistema de protección por desempleo con los datos del SEPE, una cifra que se eleva hasta las 3.807.696 con datos de la EPA. Este altísimo nivel de desprotección genera pobreza y exclusión y debe ser combatido, entre otras medidas, implantando una renta mínima en el conjunto del estado.
  • Ante este panorama, es necesario un gobierno que impulse una política presupuestaria que fomente el cambio estructural del aparato productivo, que promueva el uso eficiente de los recursos públicos en todos los niveles de la Administración y que ayude a recuperar la demanda interna. El objetivo debe ser sacar la economía española de su patrón tradicional de crecimiento de bajo valor añadido, sin industria, empleo inestable y salarios bajos. Para ello hace falta aumentar suficientemente la inversión pública y reorientarla hacia la mejora de la calidad y el contenido tecnológico de las empresas, con una mayor presencia de las actividades industriales y de los servicios con mayor valor añadido. La injusta rebaja de impuestos promovida por el Gobierno no persigue este fin, sino el rédito político a corto plazo.
  • Asimismo, es necesario mejorar el poder de compra de los salarios, para impulsar la demanda interna y un aumento vigoroso del empleo y una rebaja rápida del paro.

 

 

ANÁLISIS DE LOS DATOS MÁS DESTACADOS 

 

  • El paro registrado se ha reducido en 124.349 personas, siguiendo el patrón habitual de la economía española por el que, con la llegada de la primavera, entra en una fase de estacionalidad positiva vinculada a determinadas actividades. Ahora bien, el dato de junio de 2016 es muy similar al del mismo mes de los tres años anteriores, lo que demuestra las debilidades de la recuperación y la enorme dependencia de la economía española de las actividades turísticas, estacionales y de temporada. A pesar de los discursos triunfalistas del Gobierno en funciones, la realidad demuestra que no hay un cambio estructural de la economía y del empleo, y seguimos sufriendo los efectos coyunturales que caracterizan la estructura productiva del país.
  • A pesar de esta reducción, la cifra de demandantes inscritos en las oficinas del SEPE es de 5.108.424, de las que se consideran paradas 3.767.054. Pero más allá de los criterios utilizados para reducir su número en el 24 %, la realidad es que hay 2.857.517 mujeres y 2.250.907 hombres inscritos en las oficinas públicas de empleo buscando un trabajo.
  • Se confirma el enorme deterioro que está sufriendo la calidad del empleo en España: las personas con contrato indefinido y a tiempo completo ya son poco más de la mitad de la población asalariada afiliada al régimen general de la Seguridad Social. En junio de 2016, solo el 48,5 % de las personas asalariadas pertenecen a este grupo central, mientras que el 51,5 % restante sufre algún tipo de precariedad, bien sea por tener un contrato temporal o una jornada parcial no deseada.
  • Esta cifra pone en cuestión el tipo de trabajo que se está creando en España: crece sobre todo el empleo temporal y a jornada parcial y, por lo tanto, más que un proceso de creación de empleo, estamos ante una forma espuria de reparto de los puestos de trabajo, tanto en número de horas de jornada como de rotación de las personas en ellos.
  • En un país en el que se empieza a recuperar la creación de empleo —e incluso en las fases en las que se destruye con enorme intensidad—, se formalizan cada año millones de contratos de trabajo, lo que da idea de la brutal temporalidad y rotación del mercado laboral. En los últimos doce meses se formalizaron en España 17.251.941 contratos temporales, cuando la población asalariada con este tipo de relación laboral fue, de media, 3,7 millones de personas. En consecuencia, el índice de rotación laboral (total de contratos temporales dividido por asalariados temporales) es de 4,7: cada persona firma casi 5 contratos de media cada año.
  • Los datos de la contratación siguen siendo muy precarios: el 92 % de los contratos registrados en junio fueron de carácter eventual; menos del 5 % fueron indefinidos a tiempo completo y los contratos a tiempo parcial ya suponen uno de cada tres contratos firmados.
  • Para ocultar esta realidad, el gobierno utiliza trucos aritméticos de corto recorrido, destacando el incremento de la contratación indefinida pero utilizando de referencia únicamente la variación interanual para no tener que reconocer un hecho muy preocupante: en junio la contratación indefinida se estanca en comparación con el mes anterior y, sin embargo, crece mucho la contratación temporal.
  • Una enorme precariedad acompañada de una rotación en el empleo que roza lo absurdo, como lo demuestra la comparación entre las afiliaciones a la Seguridad Social. En los últimos doce meses se han registrado 24,4 millones de altas en la Seguridad Social, que han venido acompañadas por 24 millones de bajas: son 48,4 millones de movimientos que multiplican por 96 veces el aumento neto en el número de afiliados en el mismo periodo. 
  • Por otro lado, la distribución sectorial del aumento de la afiliación suscita muchas dudas sobre la calidad de la recuperación de la actividad económica, porque aumenta fundamentalmente en ramas como la hostelera y el comercio, las actividades administrativas y los servicios auxiliares y ahora también la construcción que empieza a recuperarse. Esa no puede ser la senda del crecimiento que este país necesita ni el modelo productivo de nuestro futuro: empleos de baja calidad en sectores de bajo valor añadido. Sin empleo industrial, sin servicios de alto valor, especializándonos cada vez más en actividades de servicios de turismo y de temporada, la economía española y el empleo tienen un mal futuro.
  • La enorme duración de la crisis, el fracaso de las políticas de empleo, la reforma laboral y el recorte en las prestaciones por desempleo impuestas por el Gobierno están causando un gravísimo deterioro en la protección a los desempleados que afecta tanto a la cantidad como a la calidad: cada vez son menos las personas desempleadas que cobran prestaciones y cada mes que pasa la prestación es más baja. Con los datos publicados por el SEPE, la tasa de cobertura ya es de solo el 52,9 %, con un descenso del 2,8 % en comparación con el año anterior y el 35 % en relación a su valor máximo alcanzado en 2010, cuando llegó al 81 %.
  • Menos personas con protección y de peor calidad, que lleva a algo que puede parecer sorprendente y es que el sistema dedica cada vez menos recursos a la protección a pesar de la brutal cifra de personas en paro: en el mes de junio de 2016, el gasto en protección al desempleo bajó el 9 % en comparación con el mismo mes de 2015 y el 41 % en comparación con 2012.
  • En lo que llevamos de año el gasto en prestaciones ha caído en 952 millones de euros y, por lo tanto, si se mantiene el mismo ritmo en lo que queda de ejercicio, al acabar 2016 el recorte será superior a los 2.500 millones de euros, que hay que añadir a los que ya sufrió el sistema de protección en los dos últimos años.
  • En el año 2015, el gasto en prestaciones se redujo en 3.956 millones de euros en comparación con el año anterior. Como en 2014 ya había caído en 5.000 millones, el resultado acumulado es que en los dos últimos ejercicios el gasto en protección se ha desplomado en 9.000 millones de euros: ese es el recorte que la duración de la crisis, el desempleo de larga duración, la precariedad en las cotizaciones por un lado y los recortes del gobierno de Rajoy con el RDL 20/2012 por otro han causado a nuestro sistema de protección. 
  • Desde que el PP llegó al gobierno ha empeorado gravemente la protección a las personas en desempleo: la tasa de cobertura se redujo el 23 %, el número de parados con prestaciones cayó el 33 %, la cuantía del gasto medio por beneficiario es un 14 % inferior y los recursos destinados a la protección se han reducido el 40 %. En junio de 2016, las prestaciones contributivas, las de más calidad, ya solo representan el 38 % del total frente al 45 % de 2014 y el 50 % de 2011.

 

 

 

VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE CCOO 

El aumento de la afiliación en los últimos doce meses se localiza, básicamente, en sectores de bajo valor añadido (comercio, hostelería y servicios auxiliares) que generan empleos inestables y donde se pagan salarios bajos. En consecuencia, no se observa un cambio en el modelo productivo liderado por la industria y los sectores de alto contenido tecnológico, lo que pone en duda la solidez a medio plazo de los incrementos de la afiliación a la Seguridad Social y la rebaja del paro.

España sigue encadenada a un modelo productivo basado en los servicios de bajo valor, con un peso muy bajo y decreciente de las actividades industriales, lo que nos condena a un empleo precario en lo contractual y de bajos salarios, con muchas fluctuaciones estacionales e insuficiente para dar una oportunidad de empleo a la gente. Lo más preocupante es que el Gobierno, ahora en funciones, se encuentra a gusto con este modelo y es por el que apuesta para salir de la crisis, llevándonos a cometer los mismos errores que en el pasado.

El empleo que se crea es precario: temporal y a tiempo parcial. Esto, sumado a la devaluación salarial fomentada por la reforma laboral, hace que encontrar un trabajo sea cada vez menos una garantía para poder llevar una vida independiente o salir de la pobreza, y está también detrás del importante aumento de los índices de exclusión social. Asimismo, es necesario mejorar el poder de compra de los salarios, para impulsar la demanda interna y un aumento vigoroso del empleo y una rebaja rápida del paro.

 

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA

PARA UN EMPLEO DE CALIDAD

Ante este panorama, es necesario que el nuevo gobierno lleve a cabo un giro hacia una política económica que fomente el cambio estructural del aparato productivo, que promueva el uso eficiente de los recursos públicos en todos los niveles de la Administración y que ayude a recuperar la demanda interna. El objetivo debe ser sacar la economía española de su patrón tradicional de crecimiento de bajo valor añadido, sin industria, empleo inestable y salarios bajos. Para ello hace falta aumentar suficientemente la inversión pública y reorientarla hacia la mejora de la calidad y el contenido tecnológico de las empresas. Los servicios de alto valor añadido, los servicios a las personas, la reorientación del sector de la construcción hacia la rehabilitación y la eficiencia energética y un sector industrial diversificado con presencia creciente de los sectores de futuro tienen que ser la base del nuevo modelo. La injusta rebaja de impuestos promovida por el Gobierno no persigue este fin, sino el rédito político a corto plazo.

 

MEJORAR LA PROTECCION A LAS PERSONAS DESEMPLEADAS

En España hay 1.831.048 personas paradas que están excluidas del sistema de protección por desempleo con los datos de SEPE, una cifra que se eleva hasta las 3.807.696 con datos de la EPA. Este altísimo nivel de desprotección genera pobreza y exclusión y debe ser combatido, entre otras medidas, implantando una renta mínima en el conjunto del estado.

En este sentido CCOO y UGT han puesto en marcha una iniciativa legislativa popular para implantar una prestación de ingresos mínimos que tiene como finalidad proteger a muchos de los que hoy están excluidos de la cobertura por desempleo.

Se trata de una prestación equivalente al 80 % del IPREM (426 euros mensuales) destinada a personas que llevan más de un año en desempleo, que carecen de rentas y que no reúnen los requisitos para acceder a prestaciones contributivas o asistenciales de cualquier tipo.

El número potencial de beneficiarios se estima en dos millones de personas, por lo que el coste anual del programa estaría entre un mínimo de 11.000 y un máximo de 17.000 millones de euros, del 1,1 % al 1,7 % del PIB, una cifra perfectamente asumible en especial si se tiene en cuenta que el gasto en desempleo se ha reducido en más de 9.000 millones de euros en los últimos años. Con devolver lo que se recortó estos años ya se financiaría el 80 % del coste del programa. Un gasto necesario, en todo caso, en la situación de grave exclusión y necesidad de muchas familias sin ingresos y que, obviamente, se irá reduciendo de forma progresiva a medida que mejore la situación del empleo y la precariedad.

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